Derecho Procesal·Estudio

Ley 20.886 Sus principios y temas prácticos.

El primer contenido es analizar el contenido de la ley N° 20.886 sobre tramitación electrónica de los procedimientos judiciales.

La fecha de dictación de esta norma es de 18 de Diciembre del 2015, y su vigencia comenzó en las regiones del país  el día 18 de Agosto del 2016, y en las grandes regiones como Metropolitana, Valparaíso y Concepción comenzó a regir a contar del 18 de Diciembre del 2016.

En cuanto al contenido de esta norma podemos señalar que es la siguiente:

Ley 290.886

Distinción de los procedimientos en la plataforma informática para los efectos de tramitación electrónica.

Antes de la dictación de la ley N° 20.886, el poder judicial, para los procedimientos ejecutivos y gestiones preparatorias, estableció a través del acta 54 – 2014 una especie de  digitalización de estos expedientes y estableciendo a su vez su conformación del expediente físico en tres situaciones puntuales:

  1. Oposición del ejecutado por medio de una o más excepciones.
  2. Interponerse tercerías.
  3. Recurrir de apelación o casación en la forma en contra de resoluciones judiciales.

El acta 54-2014 estableció en su numeral segundo lo siguiente:

Segundo. Tramitación electrónica. Las causas que se tramiten mediante procedimiento ejecutivo y gestiones preparatorias serán registradas exclusivamente en el sistema informático de tramitación. Sólo se conformará expediente físico, en soporte de papel, al deducirse oposición por el ejecutado por medio de una o más excepciones a la ejecución; al interponerse tercerías y al recurrirse de apelación y casación en la forma en contra de las resoluciones y sentencias de primera instancia.ACTA 54-2014 TRAMITACION ELECTRONICA MATERIA CIVIL

Con esta figura la causa se transforma en expediente físico y con la sigla “D.I”.

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Distinción de los diversos tipos de causa en la plataforma de consulta unificada de causas.

              1.- Ingresamos al portal web del Poder Judicial ( http://www.pjud.cl  ) a la opción consulta unificada de causas.

1 Ingreso a consulta unificada de causas y tipos de procedimiento.

2.- Verificamos las opciones de búsqueda que nos entrega el sistema, y seleccionamos  la opción de búsqueda para la justicia civil.

2 Ingreso a Justicia civil

3.- Ingresamos y vemos las diversas opciones de búsqueda. Pero previamente explicaremos aspectos previos según la imagen:

3 Aspectos relevantes al modulo de consulta.jpg

1.- Se menciona el significado de cada letra asociada al rol de la causa las cuales se reflejan en color rojo. Ejemplo C-19-2016 – “D” o C-20-2016 “D.I.” Sin embargo, en el portal institucional se comete un error al señalar que las causas tipo D y D.I. son en virtud del acta 54-2016, siendo que estas sus respaldo jurídico está contenido en el acta es N° 54 del año 2014.

2.- Los tipos de búsqueda que ofrece la plataforma ROL, Fecha. RUT Persona Jurídica y Nombre.

             Por lo general, lo más común es consultar por el ROL de la causa cuyo procedimiento puede ser: C: Contencioso, V: Voluntario, F: Violencia Intrafamiliar[1], E. Exhorto, A: Administrativo (Ejemplo: Concursos), I: Exhorto Internacional.

Los procedimientos a su vez tienen materias que pueden ser diversas, según la siguiente tabla de materias.

 Listado de Materias del Sistema Informático y OJV

 Los principios de la ley 20.886.

  1. Principio de equivalencia funcional del soporte electrónico. Los actos jurisdiccionales y demás actos procesales suscritos por medio de firma electrónica serán válidos y producirán los mismos efectos que si se hubieren llevado a cabo en soporte papel.

Este principio se manifiesta en que cada resolución judicial o actuación, hoy será válido si es suscrita mediante “firma electrónica” sin hacer distinción, si la firma electrónica debe ser simple o avanzada.

                Ejemplo de resolución judicial con firma electrónica avanzada.
4.jpg

  1. Principio de fidelidad. Todas las actuaciones del proceso se registrarán y conservarán íntegramente y en orden sucesivo en la carpeta electrónica, la que garantizará su fidelidad, preservación y la reproducción de su contenido.

Este principio se consolida en una carpeta electrónica que esta visible a través de la oficina judicial virtual, esta garantiza los tres pilares fundamentales de este principio que es fidelidad de las piezas y de su contenido, preservación, es decir, las actuaciones y la resoluciones judiciales son  resguardadas y de esta forma  anticipadamente se protegen de algún daño, peligro o extravío. Todo queda respaldado.

Ejemplo de visualización de la carpeta electrónica en la oficina judicial virtual.

Ven que se puede visualizar los cuadernos de las causas, resoluciones ya actuaciones judiciales en formato PDF, la georeferenciacion de los receptores judiciales.

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c) Principio de publicidad. Los actos de los tribunales son públicos y, en consecuencia, los sistemas informáticos que se utilicen para el registro de los procedimientos judiciales deberán garantizar el pleno acceso de todas las personas a la carpeta electrónica en condiciones de igualdad, salvo las excepciones establecidas por la ley.

No obstante lo anterior, las demandas, las presentaciones relativas a medidas cautelares, incluso aquellas solicitadas en carácter prejudicial, y a otras materias cuya eficacia requiera de reserva serán accesibles únicamente al solicitante mientras no se haya notificado la resolución recaída en ellas.    

Se prohíbe el tratamiento masivo de los datos personales contenidos en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial, sin su autorización previa. La infracción cometida por entes públicos y privados a lo dispuesto en este inciso será sancionada conforme a la ley Nº 19.628.    

La Corte Suprema regulará mediante auto acordado la búsqueda de causas en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial.        

En un comienzo se sigue la regla general establecida en el artículo 9° del Código Orgánico de Tribunales el cual señala:

Art. 9° Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley.

d) Principio de buena fe. Las partes, sus apoderados y todos quienes intervengan en el proceso conforme al sistema informático de tramitación deberán actuar de buena fe.

El juez, de oficio o a petición de parte, deberá prevenir, corregir y sancionar, según corresponda, toda acción u omisión que importe un fraude o abuso procesal, contravención de actos propios o cualquiera otra conducta ilícita, dilatoria o de cualquier otro modo contraria a la buena fe.     

Este principio consagra una “goma de borrar jurídica” en los casos en que se manifieste en la tramitación del proceso alguna conducta de acción u omisión que importe fraude procesal, o incluso cualquier otra conducta que vulnere la buena fe. Este principio debe ser relacionado con el articulo 83 Inc. 1° y 84 del Código de Procedimiento Civil. Además, se establece una facultad judicial de sancionar a las partes que presenten este tipos de actos contrarios a la buena fe procesal.

Art. 83 Inc. 1° Código de Procedimiento Civil: La nulidad procesal podrá ser declarada, de oficio o a petición de parte, en los casos que la ley expresamente lo disponga y en todos aquellos en que exista un vicio que irrogue a alguna de las partes un perjuicio reparable sólo con la declaración de nulidad.

Art. 84 Codigo de Procedimiento Civil: Todo incidente que no tenga conexión alguna con el asunto que es materia del juicio podrá ser rechazado de plano.

Si el incidente nace de un hecho anterior al juicio o coexistente con su principio, como defecto legal en el modo de proponer la demanda, deberá promoverlo la parte antes de hacer cualquiera gestión principal en el pleito.

Si lo promueve después, será rechazado de oficio por el tribunal salvo que se trate de un vicio que anule el proceso, en cuyo caso se estará a lo que establece el artículo 83, o que se trate de una circunstancia esencial para la ritualidad o la marcha del juicio, evento en el cual el tribunal ordenará que se practiquen las diligencias necesarias para que el proceso siga su curso legal.

El juez podrá corregir de oficio los errores que observe en la tramitación del proceso. Podrá asimismo tomar las medidas que tiendan a evitar la nulidad de los actos de procedimiento. No podrá, sin embargo, subsanar las actuaciones viciadas en razón de haberse realizado éstas fuera del plazo fatal indicado por la ley.

e) Principio de actualización de los sistemas informáticos. Los sistemas informáticos de tramitación del Poder Judicial deberán ser actualizados a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial con el objeto de permitir su correcto funcionamiento y la más fluida y expedita interconexión e interoperabilidad entre sí y con otras instituciones públicas.

Este principio, se concreta en las actualizaciones que deben ser incorporadas a los sistemas de tramitación electrónica dependientes del Poder Judicial y operados a través de este organismo denominado Corporación Administrativa del Poder Judicial, y en específico por el Departamento de Informática, donde se debe velar, por la seguridad informática, capacitaciones, asesorías en terreno, mejoras en base de datos, interconexión entre tribunales de primera y segunda instancia, interconexión de oficios y comunicaciones con instituciones públicas que con la dictación de la ley N° 20.886 tiene mayor relevancia, por no decir que es el verdadero motor para avanzar en esta reforma.

f) Principio de cooperación. Los auxiliares de la administración de justicia, las instituciones públicas y el Poder Judicial deberán cooperar entre sí en la utilización de medios electrónicos con el objeto de garantizar la interconexión e interoperabilidad de los sistemas informáticos y, en particular, el reconocimiento mutuo de los documentos electrónicos y de los medios de identificación y autentificación respectivos.

Para ello, las instituciones públicas y los tribunales propenderán a la celebración de convenios de cooperación.

                Este principio se concreta en las diversas ceremonias de celebración de convenios entre el Poder Judicial y otros servicios públicos. Ejemplo de ello es el convenio con el registro civil e identificación para el uso de la aplicación de “Monito web” o con el Servicio de Impuestos Internos para las consultas consolidadas de carácter tributario, y con tesorería general de la república para los fines de investigar domicilios.

[1] Procedimiento antiguo antes de la entrada en vigencia de la ley 19.968 y 20.066 Respectivamente.

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